Marco jurídico sobre el derecho a la atención de la salud en el Perú

En la actualidad, la esperanza de vida en el Perú es de 74,5 años y, entre 1990 y 2014, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años disminuyó en un 78,8 %. Si bien esa mejora de la mortalidad resulta esperanzadora, en el Perú los desembolsos directos en cuestiones de salud son relativamente altos y en 2011 suponían el 87 % de los gastos médicos totales. A fin de aprovechar esos avances y mejorar el acceso a la atención médica, el Gobierno de la República del Perú aprobó una serie de disposiciones en la Constitución de 1993 que garantizan el derecho de todas las personas a acceder a los servicios de atención de la salud.

En el Artículo 9 de la Constitución de la República del Perú se establece que el Estado es el principal proveedor de asistencia sanitaria y se garantiza que "el Estado determina la política nacional de salud [...] y es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud". Asimismo, en el Artículo 6 se añade que "el Estado asegura [...] el acceso a los medios, que no afecte la vida o la salud", mientras que en el Artículo 7 se establece que "todos tienen derecho a la protección de su salud". En 2009, esas disposiciones constitucionales del Perú se complementaron con una serie de medidas jurídicas a favor de la atención sanitaria universal a través de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, que estipula el derecho de todos los ciudadanos peruanos a un paquete básico de prestaciones en materia de salud y garantiza el acceso en igualdad de condiciones a una atención de calidad. En dicha ley se establece el marco para crear un régimen mixto, tanto de carácter contributivo como plenamente subsidiado, a través de una cobertura de seguros pública y privada.  La Ley de Aseguramiento Universal en Salud aprobada en 2010 (Ley núm. 29344, Decreto Supremo núm. 008-2010-SA) complementa la legislación de 2009 destinada a mejorar la calidad y la oportunidad de la asistencia médica, sobre todo en el caso de los niños y las personas pobres, a fin de protegerlos frente a los costos económicos derivados de las enfermedades.

En la legislatura comprendida entre 2006 y 2010, se alcanzó un consenso en materia de salud a través de un diálogo consultivo. A través de ese proceso político, en 2007 el Perú definió el Plan Nacional Concertado de Salud, un plan de acción común para avanzar hacia una cobertura universal y equitativa. Además, esto dio lugar a un sólido marco jurídico para aumentar el acceso a la atención de la salud. A través de ese proceso, el Gobierno de la República del Perú ha demostrado su determinación de defender la igualdad y velar por que las disposiciones constitucionales y jurídicas relativas a los servicios sociales conformen una base jurídica sólida para construir un piso de protección social.

 

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