En 2015, casi la cuarta parte de la población del Brasil era menor de 14 años, y se estimaba que entre 200.000 y 8 millones de niños vivían en la calle en situación de pobreza. En 1988, el Gobierno de la República Federativa del Brasil aprobó una serie de disposiciones constitucionales a fin de garantizar los derechos del niño y reconocer la responsabilidad del Estado en lo que respecta a la prestación de servicios sociales a todos los niños y niñas.
En el artículo 226 de la Constitución Federal de 1988 del Brasil, se establece una amplia cartera de derechos del niño, incluidos el acceso a la seguridad social y su plena protección. En el artículo 6 se dispone, además, que "la seguridad social, la protección de [...] la infancia [...] son derechos sociales". Asimismo, en el artículo 203 se añade: "Se prestará asistencia social a quienes lo necesiten, con independencia de las contribuciones a la seguridad social", y se hace referencia explícita a los niños y adolescentes. En 1990, se reforzaron las garantías constitucionales de la infancia a través de las disposiciones jurídicas incluidas en el Estatuto del Niño y el Adolescente, en el que se dispone que "el niño [hasta 12 años] y el adolescente [hasta 18 años] gozan de todos los derechos fundamentales". En la Ley núm. 10.835 de 2004, sobre la renta básica de la ciudadanía, se formulan nuevos compromisos jurídicos que establecen que "todas las personas deberán percibir, de manera equitativa, una prestación mensual que permita satisfacer sus necesidades básicas". Esta ley tiene por objeto garantizar a los niños, así como a otros grupos, una seguridad de los ingresos universal, así como la prestación de servicios públicos como la educación y la salud.
A finales de la década de 1980, tuvo lugar un período de reformas y cambios estructurales en el que se lograron avances para garantizar los derechos del niño en el Brasil. Asimismo, el país también firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que reflejó la voluntad política de proteger a todos los niños. En 2004, con la aprobación de la ley sobre la renta básica de ciudadanía, el Congreso Nacional respaldó por consenso el compromiso del Brasil con el desarrollo social impulsado por el Estado. A través de ese proceso, el Gobierno de la República Federativa del Brasil ha velado por que las disposiciones constitucionales y jurídicas relativas a la seguridad de los ingresos conformen una base jurídica sólida para construir un piso de protección social.
Lectura complementaria:
- UNICEF (2005) "Legal Protection of Adolescent Rights in Eight Countries of Latin America and the Caribbean" [en línea] http://www.unicef.org/lac/Part_I_-_Legal_Protection(1).pdf [fecha de consulta: 13 de noviembre de 2013].