En el Estado Plurinacional de Bolivia, en 2015 las personas de 65 años o más representaban el 6,5 % de la población, mientras que en 2002 la tasa de incidencia de la pobreza entre este grupo era del 53 %. En respuesta a la elevada incidencia, el Gobierno del país puso en marcha el programa Renta Dignidad en 2008. Renta Dignidad es una prestación universal dirigida a todos los residentes de 60 años o más, y se enmarca en la firme prioridad del Estado de garantizar un nivel mínimo de seguridad de los ingresos a todos los bolivianos. La administración de Renta Dignidad corre a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, que se encarga de gestionar los desembolsos realizados en el marco del programa a través de 1.100 centros de pago en todo el país.
El programa actúa como un pilar complementario del sistema de pensiones del Estado Plurinacional de Bolivia, que también incluye planes contributivos y subsidiados. Los planes contributivos del país permiten que los empleados acumulen una renta de jubilación en una cuenta de ahorros individual y obligatoria, al tiempo que se concede una pensión solidaria subsidiada a las personas de 58 años o más que cuentan con, al menos, 10 años de aportes pero no han acumulado lo suficiente para percibir el seguro social obligatorio de largo plazo. Independientemente de los ahorros particulares, todos los ciudadanos residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, de 60 años o más, se incluyen en Renta Dignidad, que proporciona pagos mensuales por valor de 28 dólares. Este programa también concede pagos mensuales valorados en 21 dólares a quienes ya reciben la pensión contributiva o solidaria. Esta ampliación del programa permite brindar una mayor asistencia a las personas más necesitadas, al tiempo que preserva el derecho de todas las personas a recibir una pensión universal. En el marco del programa también se brinda asistencia financiera para sufragar los gastos funerarios, lo que actúa como un incentivo para que las familias notifiquen el fallecimiento de los beneficiarios y complementa la supervisión de los registros civiles y demográficos a nivel nacional. En 2010, el programa Renta Dignidad benefició a 800.000 personas de edad y con discapacidad, el 83 % de las cuales no recibían pensiones a través de ningún otro mecanismo. En total, el 97 % de los residentes que cumplían las condiciones exigidas recibieron la Renta Dignidad en 2010. Los datos empíricos demuestran que la renta per cápita de los bolivianos que se benefician del programa ha aumentado, de media, un 16,4 %.
Las principales fuentes de financiamiento del programa son el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y los beneficios obtenidos por las empresas capitalizadas que forman parte de un Fondo de la Renta Dignidad, creado recientemente. En 2012, este fondo disponía de una reserva para obligaciones futuras que ascendía a 573 millones de dólares, lo que equivale al 2,1 % del producto interno bruto (PIB) del país. Si bien el programa Renta Dignidad ha obtenido resultados positivos al alcanzar prácticamente a la totalidad de los beneficiarios previstos, las autoridades aún experimentan una serie de dificultades para garantizar que los pagos permitan unas condiciones de vida mínimas definidas a nivel nacional. No obstante, el programa constituye un importante avance hacia la protección universal de los ingresos de las personas mayores en el Estado Plurinacional de Bolivia y, además, tiene en cuenta a las personas con discapacidad, de modo que representa un enfoque integrado hacia la seguridad de los ingresos.
Lectura complementaria:
- Monterrey Arce, J. (2012) "Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia", Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Santiago. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4103/1/S2013613_es.pdf [fecha de consulta: diciembre de 2016].