En el Uruguay, las personas mayores de 65 años representan aproximadamente el 14 % de la población. En 2003, este grupo demográfico registraba una incidencia de pobreza relativamente baja, del 3 %. El Gobierno del Uruguay contribuyó a la baja incidencia gracias a la creación del Programa de Pensiones No Contributivas a la Vejez e Invalidez en 1919. Este programa brinda un soporte económico a todas las personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos de vida debido a situaciones de edad avanzada o de discapacidad. El Banco de Previsión Social (BPS) gestiona el programa, cuyo objetivo radica en mantener la baja incidencia de pobreza y vulnerabilidad entre las personas mayores y con discapacidad.
En el Uruguay, las personas de edad pueden optar a dos planes de pensiones: uno de tipo no contributivo, y otro de ahorro individual obligatorio. Este último es de carácter obligatorio para las personas que ganen un mínimo de 24.709 pesos uruguayos (o 1.116 dólares) al mes, y tiene carácter opcional para las demás. El plan no contributivo está a disposición de todos los uruguayos mayores de 70 años que hayan residido en el Uruguay un mínimo de 15 años y que precisen asistencia financiera para satisfacer unas condiciones mínimas de vida. En el marco de este plan no contributivo, las personas de edad y con discapacidad que cumplen los requisitos tienen derecho a una prestación monetaria mensual de 135 dólares. La admisibilidad de las personas con discapacidad se determina en función del grado de discapacidad y también se exige haber residido en el país durante al menos 15 años. Desde 2012, el gasto total en pensiones como proporción del PIB supone el 8,7 % del gasto público de la seguridad social.
A comienzos del siglo XX, en el Uruguay se estableció un sistema de transferencias monetarias contributivas, destinado a proteger a los trabajadores del sector formal y a sus familias y garantizar la seguridad de los ingresos en la jubilación. El Programa de Pensiones No Contributivas a la Vejez e Invalidez constituye un importante precedente histórico a la hora de diseñar sistemas de protección social a favor de las personas de edad y con discapacidad de América Latina y el Caribe. Si bien se han introducido numerosos cambios a lo largo de su existencia, ha contribuido de manera considerable a la reducción y la baja incidencia de la pobreza entre las personas de edad y con discapacidad, y sigue reflejando la firma voluntad política de aumentar la cobertura de la seguridad de los ingresos para las personas mayores.
Lectura complementaria:
- Filgueira, F. y D. Hernández (2012) "Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Uruguay", Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Santiago. [en línea] https://www.cepal.org/es/publicaciones/4036-sistemas-proteccion-social-america-latina-caribe-uruguay [fecha de consulta: diciembre de 2016].