Personas Mayores
América Latina ha venido experimentando un cambio progresivo en la composición demográfica de su población, que envejece a pasos agigantados. Según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2015 casi tres de cada diez mexicanos eran menores de 15 años (27,6 %) y tan solo uno de cada diez tenía más de 60 años (10 %).
Según la CESPAP, en el Japón residen aproximadamente 5,1 millones de personas con discapacidad. En 1985, en el marco de los planes de pensiones nacionales de múltiples niveles, el Gobierno del Japón creó una serie de prestaciones por discapacidad con objeto de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las ayudas económicas. La administración del plan nacional de pensiones del Japón corre a cargo del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
Según el Banco Mundial, en 2016 las personas de más de 65 años representaban aproximadamente el 10 % de la población en China. En 2009, el Consejo Estatal de China presentó el nuevo sistema de pensiones para la población rural con el objetivo de prestar un apoyo económico básico a las personas de edad del medio rural. Las oficinas locales del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social se encargan de supervisar el fondo de las cuentas de pensiones individuales.
En 1996, el Gobierno del Brasil puso en marcha el programa Beneficio de Prestación Continuada (BPC), o Beneficio de Represtados Continuada, con objeto de garantizar un nivel mínimo de seguridad de los ingresos a las personas de edad y a las personas con discapacidad. El BPC se fundamenta en la Constitución de 1988 y se rige por la Ley Orgánica de Asistencia Social de 1993 (LOAS).
En el Uruguay, las personas mayores de 65 años representan aproximadamente el 14 % de la población. En 2003, este grupo demográfico registraba una incidencia de pobreza relativamente baja, del 3 %. El Gobierno del Uruguay contribuyó a la baja incidencia gracias a la creación del Programa de Pensiones No Contributivas a la Vejez e Invalidez en 1919. Este programa brinda un soporte económico a todas las personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos de vida debido a situaciones de edad avanzada o de discapacidad.
En 2016, las personas de más de 65 años representaban en torno al 7 % de la población de Viet Nam y registraban una incidencia relativamente alta de pobreza del 22 %. En vista de que esa vulnerabilidad resultaba cada vez más preocupante, en 2007 el Gobierno de la República Socialista de Viet Nam aprobó una serie de reformas en los planes de pensiones de vejez, a través de la Ley de Seguro Social y el plan de pensiones sociales, con el objetivo de ampliar la cobertura al conjunto de la población en edad de trabajar.
A comienzos de 2017, las personas mayores de 65 años representaban aproximadamente el 11,7 % de la población en Cuba y, para 2050, se espera que este grupo ascienda al 27 %. El Gobierno de la República de Cuba cuenta con una larga trayectoria de planes de pensiones sociales, que se remonta a 1963. Más recientemente, en 2008 y 2011, el Gobierno amplió el marco jurídico a fin de proteger el derecho de las personas de edad a la seguridad de los ingresos y, en consecuencia, reforzó el sistema de pensiones de seguro social en vigor.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, en 2015 las personas de 65 años o más representaban el 6,5 % de la población, mientras que en 2002 la tasa de incidencia de la pobreza entre este grupo era del 53 %. En respuesta a la elevada incidencia, el Gobierno del país puso en marcha el programa Renta Dignidad en 2008. Renta Dignidad es una prestación universal dirigida a todos los residentes de 60 años o más, y se enmarca en la firme prioridad del Estado de garantizar un nivel mínimo de seguridad de los ingresos a todos los bolivianos.
En 2015, las personas de edad representaban el 7,25 % de la población del Ecuador. A fin de hacer frente a la pobreza entre este grupo de personas, el Gobierno de la República del Ecuador aprobó en 2001 la Ley de Seguridad Social, en virtud de la cual se estableció un marco jurídico para garantizar la seguridad de ingresos de las personas mayores. El Ecuador consiguió nuevos avances en 2008, cuando la seguridad social se consagró como un derecho fundamental en la Constitución de la República del Ecuador de 2008.
Las personas mayores representan el 5,2 % de la población de la República de Indonesia y son especialmente vulnerables al tener un acceso limitado a la seguridad de los ingresos. En 2002, el Gobierno de Indonesia adoptó medidas fundamentales para mejorar dicha seguridad entre las personas de edad a través de enmiendas a la Constitución de 1945. En consecuencia, la Constitución de 1945 reconoce ahora el derecho a la seguridad social y la responsabilidad del Estado de garantizar la suficiente seguridad de los ingresos a todas las personas mayores.
