Invalidez

En 2018, los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicaron que, en México, 7,9 millones de personas vivían con una discapacidad permanente, entre ellas 4,3 millones de mujeres y 3,6 millones de hombres, lo que representaba el 6,7 % y el 5,9 % de la población total de cada género, respectivamente.

En la República Popular China residen más de 80 millones de personas con discapacidad, que representan el 6,34 % de la población. En 1990, el Gobierno de China adoptó medidas fundamentales para mejorar la seguridad de los ingresos entre las personas con discapacidad a través de la promulgación de la Ley sobre la protección de las personas con discapacidad. En esta ley, formulada de conformidad con la Constitución de la República Popular China de 1982, se establece la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Según el Real Gobierno de Tailandia, en 2015 el 2,17 % de la población total del país tenía una discapacidad. En 2007, el Gobierno aprobó una ley para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, en la que se establece la obligación del Estado a proporcionar transferencias monetarias a las personas con discapacidad.

Según el extenso informe elaborado por la CESPAP en materia de discapacidad en 2015, ese mismo año en Filipinas residían 1.442.586 personas con discapacidad.  A fin de facilitar el acceso de ese grupo vulnerable a la seguridad de los ingresos, el Gobierno del país proporciona una prestación por discapacidad, cuya administración corre a cargo del régimen de la seguridad social. 

En la última Encuesta Nacional sobre Discapacidad de Nueva Zelandia, realizada en 2013, se observó que casi 100.000 niños menores de 15 años tenían una discapacidad. A fin de garantizar la seguridad de los ingresos para los niños con discapacidad, el Gobierno de Nueva Zelandia brinda una prestación por discapacidad infantil, cuya administración corre a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Esta prestación se paga cada dos semanas a los cuidadores de los niños con discapacidad en reconocimiento del especial cuidado y atención prestados.

Según el censo realizado en 2015 por el Departamento de Estadística de Malasia, en ese momento vivían en el país 359.203 personas con discapacidad. A fin de brindar una ayuda económica básica a este grupo vulnerable, el Gobierno de Malasia introdujo la pensión por invalidez, cuya administración corre a cargo de la Organización de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Recursos Humanos.

Según el informe de los censos de población y vivienda de la República Democrática Popular Lao, realizado en 2016, en el país residen aproximadamente 160.881 personas con discapacidad (lo que equivale al 2,8 % de la población mayor de 5 años).  En 2014, el Gobierno de la República Democrática Popular Lao adoptó una serie de medidas fundamentales para mejorar la seguridad de los ingresos entre este importante grupo demográfico.

Según la CESPAP, en el Japón residen aproximadamente 5,1 millones de personas con discapacidad. En 1985, en el marco de los planes de pensiones nacionales de múltiples niveles, el Gobierno del Japón creó una serie de prestaciones por discapacidad con objeto de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las ayudas económicas. La administración del plan nacional de pensiones del Japón corre a cargo del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

En 2015, el Ministerio de Salud de Indonesia realizó una encuesta en una muestra de 625.000 hogares y estimó que el 8,56 % de la población vivía con algún tipo de discapacidad.  A fin de aumentar los servicios sociales básicos prestados a las personas con discapacidad del país, el Gobierno de Indonesia presentó en 2006 el programa de transferencias monetarias Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JSPACA).

Según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, en 2015 residían en Brunei Darussalam un total de 4.148 personas con discapacidad.  Con la intención de mejorar la seguridad de los ingresos de este grupo vulnerable, el Gobierno del país brinda una pensión universal por discapacidad. El Departamento de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte administra las transferencias universales de carácter mensual.