Invalidez

Según la Oficina de Estadística de Australia, en 2016 casi uno de cada cinco australianos (lo que equivale a aproximadamente 4,3 millones de personas) declararon vivir con algún tipo de discapacidad. A fin de atender las necesidades de este grupo vulnerable, el Gobierno de Australia introdujo la pensión de apoyo a la discapacidad para las personas con ceguera permanente o con trastornos físicos, intelectuales o psiquiátricos que les impidieran trabajar. La administración de esta pensión corre a cargo del Departamento de Servicios Humanos.

En 1996, el Gobierno del Brasil puso en marcha el programa Beneficio de Prestación Continuada (BPC), o Beneficio de Represtados Continuada, con objeto de garantizar un nivel mínimo de seguridad de los ingresos a las personas de edad y a las personas con discapacidad. El BPC se fundamenta en la Constitución de 1988 y se rige por la Ley Orgánica de Asistencia Social de 1993 (LOAS).

En el Uruguay, las personas mayores de 65 años representan aproximadamente el 14 % de la población. En 2003, este grupo demográfico registraba una incidencia de pobreza relativamente baja, del 3 %. El Gobierno del Uruguay contribuyó a la baja incidencia gracias a la creación del Programa de Pensiones No Contributivas a la Vejez e Invalidez en 1919. Este programa brinda un soporte económico a todas las personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos de vida debido a situaciones de edad avanzada o de discapacidad.

A comienzos de 2017, las personas mayores de 65 años representaban aproximadamente el 11,7 % de la población en Cuba y, para 2050, se espera que este grupo ascienda al 27 %. El Gobierno de la República de Cuba cuenta con una larga trayectoria de planes de pensiones sociales, que se remonta a 1963. Más recientemente, en 2008 y 2011, el Gobierno amplió el marco jurídico a fin de proteger el derecho de las personas de edad a la seguridad de los ingresos y, en consecuencia, reforzó el sistema de pensiones de seguro social en vigor.